¿Qué es la Ley de Caducidad y cómo funciona?
La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, conocida comúnmente como "Ley de Caducidad", es una norma uruguaya aprobada en 1986 que puso fin a las investigaciones y procesos judiciales contra miembros de las fuerzas armadas y policiales por hechos cometidos durante el período de gobierno militar (1973-1985).
Uno de sus artículos más importantes es el Tercero, que establece que cuando un juez recibe una denuncia por delitos ocurridos en ese período, debe consultar al Poder Ejecutivo antes de avanzar. Ese organismo es el encargado de decidir si el caso debe archivarse o si, por alguna excepción, puede seguir adelante.
La norma ha generado amplio debate durante décadas. Sus defensores argumentan que fue clave para preservar la paz institucional tras la dictadura, mientras que sus críticos la consideran un obstáculo para la justicia, especialmente en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
Con el tiempo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha cuestionado su aplicación, señalando que no debería proteger delitos de lesa humanidad, como desapariciones forzadas o torturas sistemáticas. A pesar de ello, la ley sigue vigente en Uruguay, aunque su interpretación ha evolucionado con los años.
En la práctica, el artículo 3.º sigue siendo un filtro clave: ningún caso antiguo puede avanzar sin que el gobierno de turno se manifieste. Esto convierte a la Ley de Caducidad no solo en un tema jurídico, sino también en una cuestión profundamente política y social para el país.
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